La reciente no convalidación del Real Decreto-Ley «Ómnibus» en el Congreso (enero 2026) marca un punto de inflexión en el mercado inmobiliario y procesal de nuestro país. Más allá del debate político, esta decisión tiene efectos jurídicos inmediatos que tanto propietarios como inquilinos y profesionales del sector deben conocer.
¿Cuál es el escenario real tras este bloqueo parlamentario? Aquí las claves:
Reactivación de los lanzamientos suspendidos ⚖️
Desde 2020, miles de procedimientos de desahucio por impago de alquiler o precario estaban congelados gracias a las prórrogas del «escudo social». Al no convalidarse el decreto que extendía esta medida para 2026, la protección decae.
- Consecuencia: Los juzgados recuperan la capacidad de ejecutar los lanzamientos de familias vulnerables que habían acreditado dicha situación. Se estima que miles de expedientes a nivel nacional podrían reactivarse en las próximas semanas.
Decaimiento de la Suspensión Extraordinaria (Art. 1 y 1 bis RDL 11/2020)
- Impacto Procesal: Se reanuda el cómputo de los plazos en los incidentes de suspensión. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y los Jueces de Primera Instancia ya no cuentan con la habilitación legal para denegar el lanzamiento basándose en la vulnerabilidad económica derivada de la normativa de emergencia.
- Seguridad Jurídica: Se retorna a la aplicación estricta de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
💡 Mi opinión: El equilibrio entre el derecho a la propiedad y la protección de la vulnerabilidad no puede sostenerse de forma indefinida sobre parches legislativos. La caída de este decreto obliga a buscar soluciones estructurales y no temporales.
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